El aborto es una cuestión de salud: esencial, salvavidas y fundamental para la autonomía corporal. Sin embargo, el acceso a este servicio crítico se ha vuelto cada vez más incierto en los Estados Unidos. Desde la decisión del Tribunal Supremo en el caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, las restricciones a nivel estatal han creado un mosaico de acceso, dejando a muchas personas sin opciones. Si bien los efectos inmediatos se sienten a nivel nacional, las ramificaciones se extienden mucho más allá de las fronteras de los EE. UU., influyendo en las actitudes globales hacia los derechos reproductivos.
El efecto dominó global de las restricciones al aborto en EE. UU.
Históricamente, Estados Unidos se ha posicionado como líder mundial en democracia y derechos humanos, a menudo dando forma a las normas internacionales a través de sus marcos legales y políticos. Desde Roe v. Wade en 1973, más de 40 países han adoptado leyes que permiten el aborto en la mayoría de las circunstancias, lo que refleja la influencia de los marcos de derechos con sede en EE. UU. Un ejemplo directo del alcance internacional de Roe v. Wade se puede encontrar en Sudáfrica, donde el Tribunal Superior de Pretoria hizo referencia a Roe v. Wade en un fallo de 1998 sobre el estatus constitucional de un feto. El tribunal citó la conclusión de Roe v. Wade de que un feto no es una «persona» según la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, reforzando su propia postura legal sobre el derecho al aborto.
Dado esto, es probable que la decisión del caso Dobbs catalice una tendencia regresiva, revirtiendo el progreso en regiones vulnerables. El fallo ya ha sido citado por grupos antiaborto como justificación para hacer retroceder los derechos reproductivos en varios países. En Kenia, grupos de la oposición hicieron referencia al caso Dobbs para impugnar un fallo del Tribunal Superior que había afirmado el aborto como un derecho constitucional, lo que llevó a una suspensión temporal de la aplicación del fallo. En Nigeria, los actores contrarios al aborto utilizaron el caso Dobbs para argumentar en contra de las Directrices para la Interrupción Segura del Embarazo por Indicaciones Legales en el estado de Lagos, lo que provocó la suspensión de estas directrices poco después de su introducción. Amnistía Internacional advierte de que estas políticas restrictivas de Estados Unidos pueden animar a otras naciones a adoptar medidas similares, lo que socavaría la defensa internacional de los derechos reproductivos.
Los marcos internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), enfatizan la importancia de eliminar la discriminación contra la mujer en todas las áreas de la vida, incluido su derecho a acceder a la atención médica. El artículo 16 de la CEDAW destaca el derecho de la mujer a decidir sobre el número y el espaciamiento de sus hijos y a acceder a la información y los medios para tomar esas decisiones. Restringir el acceso al aborto contraviene directamente estos derechos, limitando la autonomía de las mujeres y su capacidad para tomar decisiones cruciales sobre sus cuerpos y sus vidas.
Como signatario de la CEDAW, el hecho de que Estados Unidos no respete estos principios no solo socava sus compromisos internacionales, sino que también debilita su credibilidad en la defensa mundial de los derechos humanos. El Comité de la CEDAW de la ONU ha expresado su preocupación por el impacto de la decisión del caso Dobbs, haciendo hincapié en que afecta de manera desproporcionada a las comunidades marginadas y contradice las normas internacionales de derechos humanos establecidas. El retroceso de Estados Unidos en materia de derechos al aborto lo sitúa entre los pocos países, entre ellos Polonia, Nicaragua y El Salvador, que han revertido las protecciones legales del aborto en las últimas décadas, en marcado contraste con la tendencia global de liberalización. El cambio en la política estadounidense también impulsa los movimientos antiaborto en todo el mundo, lo que dificulta que los defensores de los derechos humanos de otras naciones aboguen por un mayor acceso al aborto seguro y legal.
Disparidades nacionales, implicaciones internacionales
Dentro de Estados Unidos, existen grandes disparidades en el acceso al aborto entre los estados. En algunos estados, como California y Nueva York, el aborto sigue siendo accesible. En otros, como Texas y Georgia, las leyes recientes limitan severamente el acceso. El reciente intento de Georgia de prohibir los abortos después de seis semanas encontró resistencia en los tribunales. Al anular la ley, el juez Robert McBurney declaró enérgicamente: «Las mujeres no son una propiedad comunitaria de propiedad colectiva cuya disposición se decide por mayoría de votos. Obligar a una mujer a llevar a término un feto no deseado y aún no viable viola sus derechos constitucionales a la libertad y la privacidad, incluso teniendo en cuenta cualquier conjunto de derechos que pueda tener el feto aún no viable». Esta afirmación subraya la naturaleza fundamental de estos derechos y cuestiona la idea de que las libertades reproductivas pueden estar sujetas a caprichos regionales. Sin embargo, una semana después, el Tribunal Supremo de Georgia restableció la prohibición de las seis semanas, impidiendo una vez más a los georgianos tomar decisiones sobre su salud y obtener una atención que podría salvarles la vida.
La encuesta de seguimiento de la salud de KFF revela que la mayoría de las mujeres consideran el acceso al aborto como un aspecto crítico de sus derechos y atención médica, y muchas expresan su preocupación por las crecientes dificultades para obtener atención después de la decisión de Roe v. Wade. Este sistema fragmentado ejerce una presión especial sobre aquellas que no pueden permitirse viajar a otros estados o navegar por complejos entornos legales, lo que agrava aún más la injusticia.
La falta de coherencia en el acceso refleja una violación más amplia de los derechos a la intimidad y la libertad, consagrados en precedentes legales estadounidenses como Roe v. Wade. Las fronteras estatales no deberían limitar estos derechos, pero el entorno legal actual obliga a las mujeres a soportar las consecuencias de las decisiones políticas sobre sus cuerpos. El mensaje que esto envía a nivel internacional es preocupante: incluso en una democracia, los derechos fundamentales pueden concederse o denegarse de forma selectiva en función de la geografía.
Vidas reales en juego: el coste humano de la restricción
Las consecuencias de estas políticas no son solo políticas, sino profundamente personales y a menudo devastadoras. Historias como la de Amber Thurman, que murió en Georgia después de que le negaran una intervención médica oportuna por un aborto espontáneo, ilustran los nefastos resultados de las leyes restrictivas.
El caso de Amber es solo uno de los muchos en los que la atención tardía provocó tragedias evitables. En un reportaje de ABC News, varias mujeres contaron historias en las que se les negó atención urgente durante complicaciones del embarazo por temor a repercusiones legales entre los proveedores de atención médica.
Además, el análisis global del Centro de Derechos Reproductivos muestra que las leyes restrictivas sobre el aborto en Estados Unidos están en consonancia con algunas de las políticas más conservadoras del mundo, lo que sitúa al país junto a aquellos con graves limitaciones en materia de autonomía reproductiva.
Estas historias y datos ilustran la urgente necesidad de un enfoque coherente de la salud reproductiva, que dé prioridad a la seguridad de las pacientes y respete el derecho a la autonomía corporal. Cuando se restringe el acceso al aborto, no solo están en juego los derechos, sino la propia vida y el bienestar de quienes se ven privadas de atención. Esta realidad debería llevar a reevaluar las políticas que han permitido que se produzca un sufrimiento tan evitable.
Un llamamiento al liderazgo: Restablecer el papel de EE. UU. en materia de derechos humanos
El acceso al aborto es un derecho humano fundamental reconocido por los marcos internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que hacen hincapié en que el aborto seguro y legal es esencial para la atención sanitaria y la igualdad de género. Los estudios demuestran que los países con aborto legal y accesible tienen tasas más bajas de mortalidad materna, mientras que las leyes restrictivas se correlacionan con tasas más altas de abortos inseguros y muertes evitables. Sin embargo, Estados Unidos, que alguna vez fue considerado un líder en la promoción de los derechos reproductivos, ha visto cómo varios estados promulgan leyes restrictivas sobre el aborto, dejando a muchos estadounidenses con menos derechos reproductivos que los de países bajo regímenes autoritarios, como Irán y Arabia Saudí.
Para reforzar su compromiso con las normas internacionales de derechos humanos, Estados Unidos debe abordar las disparidades en el acceso al aborto en todo el país. Una política federal que garantice un acceso coherente alinearía a Estados Unidos con los marcos mundiales de salud y derechos humanos. Sin estas protecciones, Estados Unidos corre el riesgo de divergir aún más de países que han fortalecido los derechos reproductivos recientemente, como Irlanda, Argentina y México.
Un marco jurídico nacional también reafirmaría el papel de Estados Unidos en la configuración de las normas mundiales. Históricamente, las políticas estadounidenses sobre derechos reproductivos han tenido consecuencias de gran alcance, influyendo tanto en el acceso a la atención como en los debates legislativos en todo el mundo. Sin tales protecciones, Estados Unidos corre el riesgo de reforzar las tendencias regresivas en lugar de liderar los avances globales en la atención de la salud reproductiva.
Al garantizar el acceso al aborto en todos los estados, Estados Unidos demostraría un compromiso renovado con los derechos humanos y la igualdad de género, posicionándose junto a los líderes mundiales en libertad reproductiva.