Thomson Reuters Foundation/Tanmoy Bhaduri
El 7 de mayo de 2022, la Corte Suprema de India, en el caso Budhadev Karmaskar contra el Estado de Bengala Occidental, afirmó que las trabajadoras sexuales gozan de los mismos derechos constitucionales que los demás ciudadanos y estableció ciertas protecciones clave para ellas. La sentencia de Budhadev es significativa porque las trabajadoras sexuales en la sociedad india son un grupo vulnerable, en parte porque la percepción prohibicionista de criminalizar el trabajo sexual ha llevado a un bucle sin fin de explotación social y económica. Durante la pandemia de la covid-19, se añadió a esa lista la exclusión pública.
Derechos constitucionales de las trabajadoras sexuales
En 2011, la Corte Suprema ordenó la formación de un panel para proporcionar recomendaciones acerca de la prevención de la trata de personas, la rehabilitación de las trabajadoras sexuales no voluntarias y la garantía de las condiciones necesarias para que las trabajadoras sexuales voluntarias vivan con dignidad. El panel presentó sus recomendaciones en 2012. Sin embargo, diez años después, aún no se ha aprobado una ley que las refleje. Por ello, la Corte decidió ejercer su facultad de dictaminar órdenes provisionales.
En su sentencia del 7 de mayo, la Corte observó que, debido al estigma social que conlleva el trabajo sexual, esta comunidad opera al margen de la sociedad y se le ha negado su derecho a vivir con dignidad y oportunidades. La Corte señaló que la jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la vida se ha ampliado de manera sustancial para incluir "el derecho a ejercer las funciones y actividades que constituyen la mínima expresión del ser humano" y que este mismo derecho se extiende a las trabajadoras sexuales y a sus hijos. Para ampliar este punto, la Corte emitió ciertas directrices para los gobiernos centrales y estatales, al afirmar que:
Las trabajadoras sexuales tienen derecho a la misma protección de la ley; las instalaciones disponibles para los supervivientes de agresiones sexuales también deben proporcionarse a las trabajadoras sexuales que son víctimas de agresiones sexuales; las trabajadoras sexuales no deben ser detenidas, penalizadas, acosadas o victimizadas durante las redadas, ya que dirigir un burdel es ilegal y el trabajo sexual voluntario no lo es; se puede ordenar a los gobiernos estatales que comprueben la detención ilegal de las trabajadoras sexuales adultas; la policía y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley deben ser sensibilizados sobre los derechos de las trabajadoras sexuales.
La Corte, además, en su sentencia anterior, ordenó al gobierno que procesara y emitiera las tarjetas Aadhar (tarjetas de identidad biométricas), las tarjetas de identidad de los votantes ("VIC") y las tarjetas de racionamiento.
Trabajo sexual y derecho
En India, la Ley de Prevención del Tráfico Inmoral de 1986 regula los derechos de las trabajadoras sexuales y clasifica el trabajo sexual como prostitución. La ley sólo permite que el comercio del sexo se realice en espacios privados y prohíbe la captación de clientes en espacios públicos. Además, la ley penaliza a cualquier persona que, a sabiendas, apoye o posea un burdel en sus instalaciones, así como a cualquier persona mayor de dieciocho años que viva de los ingresos de una trabajadora sexual. Aparte de esta ley, el Código Penal indio, la Constitución india y la Ley de Justicia Juvenil contienen ciertas disposiciones sobre el trabajo sexual y la trata de personas en India.
La ley pretende facilitar a las trabajadoras sexuales no voluntarias la salida del trabajo sexual; sin embargo, no distingue entre las trabajadoras sexuales voluntarias y las víctimas de la trata. Aún así, las trabajadoras sexuales han subrayado que trabajar en esta industria puede ser una decisión consciente.
Las trabajadoras sexuales y la pandemia de la covid-19
Al legitimar el trabajo sexual y penalizar la prostitución y el funcionamiento de los burdeles, el marco normativo hace que las trabajadoras sexuales sean más vulnerables al estigma social. En la sociedad, el trabajo sexual no se reconoce como un empleo, sino que se percibe como un estilo de vida sucio e inmoral que amenaza con "contaminar" al público inocente. Debido a este estigma, las trabajadoras sexuales y sus familias se ven privadas de derechos cruciales, como el acceso a los servicios sanitarios y a la educación. La comunidad se enfrenta al acoso y la explotación sexual por parte de muchos actores, incluidos los propios propietarios de los burdeles, los agentes de policía, los clientes y los sistemas.
Con los confinamientos de la covid-19, la clientela de las trabajadoras sexuales se evaporó de la noche a la mañana, lo que provocó una repentina incapacidad social y económica. Durante la pandemia, el gobierno indio introdujo políticas para las comunidades marginadas, como los trabajadores migrantes, los trabajadores sanitarios de primera línea y las personas transgénero; sin embargo, ignoró con descaro a las trabajadoras sexuales y su necesidad de ayuda, incluso a través del Sistema de Distribución Pública (SDP), un programa mediante el cual se distribuyen paquetes de ayuda de granos alimenticios a precios asequibles. Para acceder a estas ayudas se requiere una prueba de identidad, pero más del 43 % de las trabajadoras sexuales no tienen documento de identidad.
La ley pretende facilitar a las trabajadoras sexuales no voluntarias la salida del trabajo sexual; sin embargo, no distingue entre las trabajadoras sexuales voluntarias y las víctimas de la trata. Aún así, las trabajadoras sexuales han subrayado que trabajar en esta industria puede ser una decisión consciente.
Un miembro de la Red Nacional de Trabajadoras Sexuales realizó una encuesta en 50 hogares de trabajadoras sexuales. La encuesta reveló que menos del 35 % de las personas que viven en hogares de trabajadoras sexuales tienen documentos de nacimiento, lo que limita su acceso a la asistencia sanitaria básica, al SDP, a los medicamentos y a los programas gubernamentales. Sólo el 50 % de las personas que viven en hogares de trabajadoras sexuales tienen acceso a la educación, ya que a los niños se les niega sistemáticamente la admisión en las escuelas debido a la discriminación y los prejuicios. Además, el estudio refleja que el 90 % de las trabajadoras sexuales de tres estados indios son víctimas de la servidumbre por deudas y la esclavitud. La mayoría de las trabajadoras sexuales, además, cargan con inseguridades sociales y económicas y, a pesar de la extrema violencia que sufren a manos de la policía y otras autoridades, las denuncias de dicha violencia son mínimas, lo que refleja las violaciones de los derechos constitucionales, el incumplimiento por parte del gobierno de sus obligaciones legales y reglamentarias, y la continua exclusión social y las jerarquías.
La protección legal sigue siendo necesaria
La sentencia de la Corte en el caso Budhadev es un paso bienvenido y significativo, pero todavía se necesitan protecciones legales urgentes. La Corte, por ejemplo, explicó que la policía no debe acosar a las trabajadoras sexuales, pero aun así lo sigue haciendo. Lo más importante, sin embargo, es la despenalización del trabajo sexual: es un requisito previo para garantizar que la salud y la seguridad física y emocional de las trabajadoras sexuales, así como sus derechos a la vida, a su profesión, a la libertad de trabajo, a la salud y a sus derechos reproductivos y sexuales, estén protegidos dentro de una sociedad democrática constitucional.