Para cumplir su compromiso de lograr la cobertura universal en salud, el gobierno keniano está llevando a cabo una política de privatización de facto que pone en riesgo el derecho de los kenianos a la salud, lo cual amplía de manera deliberada el papel del sector privado y descuida al mismo tiempo el público.
Nuevos datos exclusivos acerca del gasto público —proporcionados a Universidad de Nueva York y a la organización de derechos keniana Hakijamii por la entidad de seguridad social del país, la NHIF— revelan el alcance de este cambio y muestran cómo el plan de Kenia para lograr la cobertura sanitaria universal está destinado a acelerar la privatización. Aunque la palabra “privatización” no aparece en los documentos políticos, el sistema sanitario de Kenia se está entregando con rapidez a los especuladores, con lo cual los contribuyentes terminan pagando la factura y los derechos de los kenianos quedan en juego.
La salud es un gran negocio, y las empresas extranjeras de capital privado y las multinacionales están ansiosas por ampliar su presencia en Kenia.
Este patrón no es exclusivo de Kenia, sino que se está produciendo en todo el mundo, con una privatización furtiva que transforma el acceso de las personas a sus derechos, sin debate público. Está alimentada por poderosos actores del desarrollo internacional que impulsan “soluciones” privadas por encima de las públicas y por inversionistas globales que buscan obtener un beneficio considerable.
De proveedor a comprador
En diciembre de 2017, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, se comprometió con su administración a hacer realidad la cobertura universal en salud. Tras una fase piloto, el gobierno anunció que ofrecería esa cobertura sobre todo a través de la expansión de los seguros en todo el país a través de la NHIF, que está a favor del sector privado.
Esto representaba un gran cambio con respecto a la fase piloto, que había eliminado las tarifas en los centros públicos de cuatro condados con un éxito considerable. En su lugar, el Estado pasaría de ser un proveedor de servicios de salud a un comprador. Aunque la NHIF es una entidad pública, inscribe tanto a los centros privados como a los públicos y ha supervisado un importante cambio en el gasto hacia el sector privado. Los proveedores privados llevan mucho tiempo con poder y reciben mayores reembolsos por los mismos servicios.
Nuevos datos acerca del gasto de la NHIF muestran cómo se han disparado los pagos al sector privado. Entre 2010 y 2021, los pagos de la NHIF al sector privado de salud con ánimo de lucro se multiplicaron por más de 30, lo cual supera con amplitud los aumentos de los centros públicos (8,8 veces). En 2011, el 32 % del gasto total de la NHIF en prestaciones se destinó a los centros públicos y el 30 % a los privados con ánimo de lucro. Tan sólo diez años después, los pagos a las entidades con ánimo de lucro se habían disparado hasta el 64 %, mientras que sólo el 20 % se destinaba a los centros públicos.
La apuesta más amplia por la privatización de la salud
Kenia no está vendiendo su sector público de salud, que sigue proporcionando la mayor parte de la asistencia sanitaria del país. Sin embargo, la aceptación de los centros privados a través de la NHIF forma parte de un impulso más amplio para que los agentes privados se incorporen al negocio de la salud, lo que equivale a una privatización de facto. Este enfoque está integrado en las principales políticas nacionales que pretenden ampliar el papel del sector privado en la salud. En el discurso en el que anunció su promesa de alcanzar la cobertura universal en salud, el presidente Kenyatta afirmó este objetivo, mientras que funcionarios de alto nivel promueven el sector sanitario como una oportunidad de inversión.
El enfoque de Kenia ha tenido lugar a instancias y con el estímulo de los principales actores del desarrollo, como el Banco Mundial, las fundaciones privadas y los países ricos que buscan nuevos mercados. La salud es un gran negocio, y las empresas extranjeras de capital privado y las multinacionales están ansiosas por ampliar su presencia en Kenia. Los directores generales ya se jactan en las convocatorias de beneficios de los grandes acuerdos sanitarios en el país.
La privatización se está llevando a cabo a través de una serie de iniciativas. El gobierno ha ofrecido incentivos fiscales, ha subvencionado de forma efectiva a los proveedores privados y ha buscado contratos a gran escala, incluidas las “asociaciones público-privadas”, acuerdos que pueden parecer buenos, pero que a menudo cuestan más al público a largo plazo. Este impulso ha coincidido con una falta de inversión crónica en el sistema sanitario público, que ha perjudicado la calidad y la disponibilidad de la atención y ha llevado a muchos a recurrir a proveedores privados.
El sector privado corre grandes riesgos
Por desgracia, se ha prestado muy poca atención a las consecuencias perjudiciales de la privatización de la salud, como el aumento de los costos, la exclusión y la ampliación de las desigualdades. Muchos miembros de la sociedad civil han expresado su preocupación por el modo en que la mercantilización de la asistencia sanitaria está afectando a los kenianos, y nuestra reciente investigación con Hakijamii ha revelado que la privatización está socavando el derecho a la salud, lo cual limita la accesibilidad y la asequibilidad, y presiona a la gente a la pobreza y a una deuda aplastante.
También está cada vez más claro que el público no está recibiendo un buen valor por su dinero, ya que se destinan grandes sumas a apoyar a un sector privado que cobra altas tarifas y a menudo ofrece una atención deficiente. La información sobre los detalles cruciales es limitada, y aunque la NHIF confirmó que los centros privados reciben reembolsos más altos, nos dijo que nos pusiéramos en contacto con los centros para obtener detalles porque “las tarifas se basan en acuerdos contractuales individuales”. Esto dista mucho de un programa de seguridad social estrictamente regulado, en el que los proveedores privados y públicos reciben los mismos reembolsos y las tarifas se determinan mediante un proceso transparente.
Una pregunta abierta, una lección global
La dirección de la política sanitaria en Kenia podría reevaluarse todavía, con unas elecciones presidenciales a finales de este año y los esfuerzos en marcha para reformar la NHIF. El personal de alto nivel con el que nos reunimos estaba trabajando para resolver problemas de larga data. Sin embargo, el sector privado se ha opuesto de forma efectiva a las reformas, lo que demuestra el reto que supone controlar los intereses creados. A falta de una transformación importante, la NHIF seguirá siendo un mecanismo de privatización.
Es posible buscar otra forma de avanzar. Las recientes inversiones populares demuestran el apetito por una salud pública de calidad y asequible. El sistema público necesita mejoras significativas, pero muchos creen que ofrece mucho más potencial para garantizar el derecho de los kenianos a la salud y ofrecer la cobertura universal en salud que entregar las llaves al sector privado.
Por desgracia, se ha prestado muy poca atención a las consecuencias perjudiciales de la privatización de la salud, como el aumento de los costos, la exclusión y la ampliación de las desigualdades.
En Kenia y fuera de ella, la privatización es un término pocas veces reconocido por los responsables políticos, pero es un fenómeno que está en marcha a nuestro alrededor. El control de los bienes públicos se está entregando de manera silenciosa a actores privados que no rinden cuentas, sin un debate abierto. La sociedad civil tiene un papel que desempeñar a la hora de descifrar esta evolución y poner de manifiesto sus riesgos. Si no lo hace, la propia noción de derecho a los bienes básicos —sanidad, agua, cortes justas y otros elementos esenciales— se descartará por irreal e irrelevante en un mundo en el que la mercantilización es la norma.