Durante la última década, más o menos, varios académicos han debatido si el derecho internacional de los derechos humanos ha mejorado los resultados en materia de derechos humanos. En mi libro The Twilight of Human Rights Law (El crepúsculo del derecho de los derechos humanos) sostuve que no, pero muchos otros académicos no están de acuerdo conmigo, incluidas Beth Simmons y, más recientemente, Kathryn Sikkink, en su libro Evidence for Hope (Razones para la esperanza).
Pero mientras nosotros, y muchos otros, discutíamos sobre la significancia estadística, la causalidad y las definiciones, ignoramos, o al menos no le dimos la atención suficiente, al panorama más amplio. Ese panorama consiste en la redefinición de los derechos humanos para agregarles contenido “conservador”. Según la definición tradicional, los derechos humanos se entendían en términos “liberales” (como en la Carta de Derechos de los EE. UU.) o “socialdemócratas” (como en Suecia, o como nos gusta imaginar que es Suecia). Por supuesto que había otras concepciones en la periferia. Muchos países islámicos sostenían que el derecho de los derechos humanos protegía a las personas contra la “difamación de la religión”, lo que en la práctica implicaba restricciones a la libertad de expresión cuando esta ofendía las sensibilidades religiosas. Por otra parte, el “derecho al desarrollo” en China supuestamente justificaba ciertas violaciones de derechos humanos mientras se lidiaba con la pobreza. Pero la comunidad dominante de derechos humanos, conformada en su mayoría por ONG liberales como Human Rights Watch, tribunales internacionales de derechos humanos y gobiernos de potencias liberales y democráticas, nunca tomó en serio estos puntos de vista, y no ganaron mucho terreno.
Esto podría cambiar pronto. El 30 de mayo, apareció un aviso breve en el Registro Federal que anunciaba la formación de la “Comisión sobre Derechos Inalienables del Departamento de Estado” (“Department of State Commission on Unalienable Rights”). El aviso dice que “la Comisión aportará nuevas ideas sobre el discurso de los derechos humanos en los casos en que dicho discurso se haya apartado de los principios fundadores de nuestro país en cuanto al derecho natural y los derechos naturales”. Los términos de referencia de la Comisión agregan que su objetivo “no es descubrir nuevos principios, sino recuperar lo que perdura para el mantenimiento de las sociedades libres y abiertas”.
No se trata de la comisión en sí misma, sino de lo que representa: un movimiento creciente, tanto político como intelectual, que, lejos de repudiar el derecho internacional, lo redefinirá para que promueva las causas de la derecha.
Estas declaraciones nos dicen poco, pero los analistas han comenzado a especular, acertadamente, en mi opinión, que el término “derecho natural”, y el uso anacrónico de la palabra en inglés “unalienable” en lugar de “inalienable” para referirse a los derechos inalienables, pretenden invocar interpretaciones cristianas y, sobre todo, católicas. (La Declaración de Independencia de los EE. UU. usa el término “unalienable” para referirse a los derechos con los cuales las personas “son dotadas por su Creador”). Y, dado lo que sabemos sobre el gobierno de Trump, esto significa casi con toda seguridad que el gobierno de los Estados Unidos argumentará que el aborto y posiblemente otras formas de planificación familiar violan los “derechos humanos”. Sospecho que esto también pondrá mayor énfasis en las libertades y los derechos religiosos como una cuestión del derecho internacional de los derechos humanos —siguiendo el ejemplo de la Organización de la Conferencia Islámica, mutatis mutandis. El anuncio formal de la Comisión por parte del secretario de Estado Pompeo a principios de julio, y la justificación de la misma que redactó para el Wall Street Journal, refuerzan esta opinión; también lo hacen los antecedentes de las personas nombradas para formar parte de la Comisión, muchas de ellas bien conocidas por su interpretación conservadora de los derechos humanos.
El politólogo Clifford Bob escribió un libro revelador en 2012 titulado The Global Right Wing and the Clash of World Politics (La derecha global y el choque de la política mundial), en el que documentó las maneras en que los activistas conservadores estadounidenses viajaban a otros países para ayudar a los locales de ideas afines a promulgar leyes para proteger los derechos de posesión de armas, prohibir el aborto y tipificar como delito la actividad homosexual. En “Monkey Cage”, considera acertadamente que la comisión de Trump es una continuación de estos esfuerzos, ahora más formales y legítimos, bajo los auspicios del gobierno, y más difíciles de ignorar. Como señaló, “la comisión encontrará aliados no solo entre los estadounidenses conservadores sino también a nivel internacional. Por cada ONG de izquierda que promueve las concepciones dominantes de los derechos humanos en la actualidad, hay una ONG de derecha que promueve algo distinto, a menudo en nombre de los derechos humanos o naturales”.
La comunidad de derechos humanos debería tener mucho miedo. ¿Por qué deberían temerle a una oscura comisión gubernamental, de cuyo nombre seguramente ya se están burlando en las salas de profesores, y que tiene un presupuesto de 385,074 dólares? No se trata de la comisión en sí misma, sino de lo que representa: un movimiento creciente, tanto político como intelectual, que, lejos de repudiar el derecho internacional, lo redefinirá para que promueva las causas de la derecha.
Esta historia ya la habíamos visto antes. En la década de 1970, la teoría del derecho constitucional estadounidense fue el producto de académicos liberales que buscaron racionalizar las sentencias de una Corte Suprema liberal bajo el mando de su presidente, Earl Warren. La comunidad de abogados y profesores de derecho liberales era insular, autocomplaciente y de ideas afines, y no estaba preparada en absoluto cuando la derecha lanzó una revolución jurídica con base en el trabajo de disidentes mayormente ignorados y calumniados. Esta revolución financió y alentó a una nueva generación de abogados conservadores que poblarían todas las secciones de la Sociedad Federalista, y en última instancia, los tribunales federales, y los dotó de una ideología judicial conservadora y ejecutable, que se podía emplear para revertir las resoluciones del tribunal de Warren y consolidar en cambio los compromisos conservadores, como los derechos de posesión de armas.
La izquierda se refugió en los derechos humanos internacionales y continuó luchando desde la retaguardia, argumentando que los derechos humanos internacionales, tal como ellos los veían, eran superiores a la jurisprudencia cada vez más conservadora de la Corte Suprema. También en este caso, un grupo de abogados, activistas y académicos insular, autocomplaciente y con ideas afines generó una ideología de derechos humanos de centroizquierda que es vulnerable desde una perspectiva intelectual y política. Podemos predecir con facilidad que sus argumentos serán usados en su contra. Se incorporarán al discurso dominante argumentos que sostienen que la Corte debería utilizar el derecho internacional de los derechos humanos —ah, no, perdón, el derecho natural— para revertir —¿qué más?— Roe vs. Wade y, en última instancia, anular las leyes estatales que permiten el aborto, y para reforzar los derechos de propiedad, las libertades religiosas y los derechos de posesión de armas.
Mientras tanto, a los abogados y politólogos liberales que siguen insistiendo en que el derecho internacional de los derechos humanos tiene prioridad sobre las leyes nacionales quizás les convenga empezar a reconsiderar sus puntos de vista.
Se publicó una versión anterior de este artículo en Eric.Posner.com.