En marzo de 2016, intrusos armados tiraron abajo la puerta de la casa donde se estaba quedando la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres, de 44 años, y la mataron. Para entonces, Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, había pasado años recibiendo amenazas de muerte por sus actividades. Estaba llevando a cabo una exitosa campaña popular contra el proyecto de represa de Agua Zarca, un vasto complejo que la empresa de propiedad estatal china Sinohydro proyectaba construir en tierras habitadas por los lencas.
Este no es un caso aislado. Personas en todo el mundo se están movilizando para proteger el medio ambiente contra una crisis ecológica cada vez más profunda: desde la contaminación tóxica desenfrenada y el cambio climático hasta la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra y la escasez de agua dulce. A medida que los recursos naturales del mundo enfrentan una explotación cada vez mayor, las personas que los defienden de la minería, las represas, la explotación maderera y los agronegocios perjudiciales están sufriendo violaciones directas de sus derechos.
Cada vez hay más activistas asesinados por sus labores. De acuerdo con Global Witness, 2016 ha sido el año más mortífero jamás registrado: se documentaron al menos 200 asesinatos de activistas medioambientales y de derechos a la tierra en 24 países, la mayoría en Sudamérica. Casi el 40 por ciento de las personas asesinadas eran indígenas. Los activistas creen que hay empresas o fuerzas estatales detrás de muchos de los atacantes; pocos de ellos son detenidos o siquiera identificados.
2016 ha sido el año más mortífero jamás registrado: se documentaron al menos 200 asesinatos de activistas medioambientales y de derechos a la tierra en 24 países
Cáceres, y muchas otras personas en todo el mundo, han luchado pública y enérgicamente para proteger sus entornos en medio de una crisis ecológica cada vez más profunda. Sus muertes han dejado muy clara la necesidad de rendición de cuentas y reparación para las poblaciones más afectadas por los daños ambientales: las mujeres, las personas pobres, las minorías étnicas y raciales, y los jóvenes. Pero también ponen de relieve la necesidad de establecer un reconocimiento global del derecho a un medio ambiente saludable. Hacerlo podría empoderar a las personas y las comunidades para defender su medio ambiente, proporcionándoles un marco que les permita llamar a cuentas a los infractores y encontrar nuevos argumentos legales y recursos.
El derecho humano a un medio ambiente saludable reúne las dimensiones ambientales de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, y protege los elementos centrales del entorno natural que permiten una vida digna. El agua, el aire y los suelos limpios, así como los ecosistemas diversos, son indispensables para la salud y la seguridad humanas. El derecho también protege el espacio cívico para que las personas entablen un diálogo sobre política ambiental. Sin ese espacio, las políticas gubernamentales a menudo atienden los intereses comerciales de los poderosos, no del público, y mucho menos de las personas marginadas políticamente.
El reconocimiento jurídico se ha ido ampliando durante décadas a nivel nacional y regional.Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en 1972, más de 100 países han incorporado el derecho a un medio ambiente saludable en sus constituciones nacionales, en diversas formulaciones.
Ciertos instrumentos regionales de derechos humanos también mencionan explícitamente el derecho a un medio ambiente saludable. Por ejemplo, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos reconoce el derecho de los pueblos a “un medio ambiente general satisfactorio favorable para su desarrollo”. El pueblo Ogoni en el delta del Níger en Nigeria se ha concentrado en torno a este derecho en su incidencia nacional e internacional contra los efectos nocivos de la explotación petrolera en sus tierras, así como los abusos perpetrados por el ejército nigeriano. Los esfuerzos de los Ogoni atrajeron la atención internacional a su causa; sus logros sugieren que un movimiento mundial para acabar con la impunidad por los asesinatos de activistas locales, como Cáceres, podría resultar exitoso.
Por supuesto que no debería ser necesario contar con el derecho a un medio ambiente saludable reconocido a nivel mundial para proteger de manera efectiva a los activistas medioambientales individuales. Los ataques en su contra violan una serie de derechos humanos reconocidos universalmente, como la libertad de asociación y expresión. Sin embargo, incorporar este derecho también podría anclar el trabajo de los defensores del medio ambiente, estigmatizados con demasiada frecuencia como personas que se oponen al desarrollo, directamente en el marco de los derechos humanos. La legitimidad que este confiere podría proteger a las personas perseguidas por su activismo.
Se están abriendo ventanas de oportunidad para lograr el reconocimiento. Dado que su mandato finaliza en 2018, John Knox, el Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente, está preparando una síntesis de las obligaciones de derechos humanos con respecto a un medio ambiente saludable y sostenible. Su trabajo sienta las bases para un debate renovado sobre la proclamación formal del derecho a un medio ambiente saludable por parte de la Asamblea General o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Otra oportunidad es el Pacto Global para el Medio Ambiente, lanzado en la Asamblea General por el gobierno francés. Al igual que los dos convenios internacionales de derechos humanos de 1966 codificaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Global es un intento de codificar los derechos y principios medioambientales establecidos en la trascendental Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972 y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992.
La continua viabilidad ecológica de nuestro planeta ha sido cuestionada por científicos de todo el mundo. Las organizaciones de la sociedad civil han expresado constantemente la necesidad de preservar la capacidad de la tierra de mantener la vida, restaurar ecosistemas degradados y fomentar una interacción equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza. Un debate renovado sobre el derecho a un medio ambiente saludable ayudaría a aumentar la conciencia de que los seres humanos no están aislados del mundo natural, sino que dependen de él.
Cáceres sabía lo importante que es proteger tanto el medio ambiente como a las personas que luchan por él. Antes de su muerte, cuatro de sus colegas en la oposición al proyecto de la represa habían sido asesinados, sin que se enjuiciara a alguien por esos delitos. Cuando aceptó un premio medioambiental por su trabajo en 2015, describió lo que soportaban día a día ella y sus compañeros activistas: “Me siguen. Amenazan con matarme, con secuestrarme. Amenazan a mi familia. Esto es lo que enfrentamos”.
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Flickr/Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CC BY 2.0-Some Rights Reserved)
Se realizó una vigilia en las puertas de la OEA por Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016 en Honduras. Comisionados y Comisionadas de la CIDH salieron a la puerta de la OEA a escuchar las palabras de su hija, Berta Zúñiga Cáceres.
El derecho a un medio ambiente saludable reúne todo lo que la humanidad ha aprendido sobre cómo interactúan los derechos humanos y el medio ambiente. Abarca las dimensiones ambientales de los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua, el saneamiento, la propiedad, la vida privada, la cultura y la no discriminación, entre otros. Y dará a los activistas que son atacados por defender su medio ambiente y sus tierras las herramientas y el poder político necesarios para defender sus derechos.
A medida que nuestra generación enfrenta una grave crisis ambiental y social, no se puede subestimar el potencial del derecho a un medio ambiente saludable para el desarrollo y la rendición de cuentas progresivos. El reconocimiento global de este derecho está muy retrasado.
***Este artículo se desarrolló de forma conjunta con World Policy Journal.