El 6 de octubre de 2022, el Consejo de Derechos Humanos rechazó un proyecto de resolución acerca de la celebración de un debate sobre la situación de los derechos humanos en Xinjiang (China). El rechazo se inscribe en una tendencia más amplia según la cual Beijing traduce su poder económico en influencia política en el Consejo de Derechos Humanos. De cara al futuro, ahora es esencial buscar otros foros para debatir los derechos humanos de los uigures, tanto dentro del Consejo como fuera de él.
El proyecto de resolución fue presentado por una coalición de países mayoritariamente occidentales y constaba efectivamente de dos párrafos: uno para tomar nota con interés del último informe de la OACNUDH sobre la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, y un segundo para proponer un debate sobre la situación de los uigures en la sesión del Consejo de marzo de 2023.
El informe en sí es la continuación de un proceso de redacción muy politizado que comenzó en 2018 y suscitó preocupación por las violaciones de derechos humanos relacionadas con el "sistema de leyes antiterroristas" de Xinjiang y la discriminación contra las comunidades uigures. Es importante destacar que subrayaba que "el alcance de la detención arbitraria y discriminatoria de miembros de grupos uigures y otros grupos predominantemente musulmanes, [...] puede constituir crímenes internacionales, en particular crímenes de lesa humanidad." El informe se publicó a raíz de la visita de la ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que fue objeto de un intenso escrutinio, como ya se ha comentado en esta plataforma.
Un breve análisis de la propia votación demuestra la política que hay detrás del Consejo de Derechos Humanos. Tras la publicación del informe de la OACDH, China reunió 28 firmas para sumarse a su declaración de condena del documento. Durante la votación, Estados como Eritrea, Cuba y Venezuela se unieron a China para votar en contra, alegando como justificación la soberanía, la no injerencia y el doble rasero.
Los uigures son una etnia turca predominantemente musulmana. Sin embargo, los miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), que normalmente promueve los derechos de las poblaciones musulmanas en el extranjero, también votaron en contra del debate. Por ejemplo, aunque el delegado indonesio dijo que su país no quiere mirar hacia otro lado ante el sufrimiento de sus compatriotas musulmanes, votó no alegando imparcialidad. Pakistán, que en julio de 2022 presentó la última resolución sobre los derechos humanos de los musulmanes rohingya en Myanmar y ha sido un firme defensor de cualquier investigación sobre los derechos de los palestinos, se refirió igualmente a la importancia de la no injerencia.
Dentro del Grupo Africano, sólo Somalia apoyó la votación. Benín, Gambia y Libia se abstuvieron, mientras que otros ocho países votaron en contra. Ninguno de estos Estados se pronunció al respecto. Sin embargo, la presión y el cabildeo chinos en las semanas previas resultaron clave para inclinar la votación.
Por último, democracias como India, Brasil, México, Argentina e incluso Ucrania se abstuvieron en la votación. Con preocupaciones económicas similares de fondo, México invitó a China a abrir el diálogo y la cooperación como alternativa a este debate particular del CDH.
Desde una perspectiva más amplia, la votación refleja una tendencia más general en el seno de la ONU. China está traduciendo su poder económico en influencia política, por ejemplo, aumentando su participación en el presupuesto de la ONU y asegurándose puestos clave en sus diferentes organizaciones. Los efectos pueden sentirse en el ámbito de los derechos humanos. En 2017, Human Rights Watch informó de graves represalias por parte de Pekín contra grupos y activistas que trabajan en cuestiones relacionadas con China. En 2018, China presentó una resolución del CDH, "promoviendo una cooperación mutuamente beneficiosa", en un esfuerzo por sustituir las nociones de rendición de cuentas por un lenguaje como cooperación, "ganar-ganar" y diálogo.
Los efectos van más allá de los trabajos forzados en Xinjiang o, de hecho, de otras cuestiones de derechos humanos relacionadas con el gobierno chino, sino que encajan en retos más amplios para los derechos humanos. Si la vacilación del Consejo a la hora de abordar las graves violaciones de los derechos humanos en China refleja un alejamiento de la responsabilidad, puede legitimar la negativa de otros Estados a cooperar con los procedimientos de derechos humanos. Para los gobiernos de Caracas, Naypyitaw o Minsk, también podría ser una victoria simbólica, y una prueba de que el poder puede triunfar sobre la justicia.
Al mismo tiempo, hay motivos para ser cautelosamente optimistas. En junio, Holanda leyó una declaración conjunta en nombre de 47 países en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Xinjiang. Además, a pesar de su rechazo, era la primera vez desde la fundación del Consejo que se intentaba una acción formal para abordar la situación de los derechos humanos en China. La votación fue ajustada (17 S, 19 N, 11 ABS), y una posible votación futura podría inclinarse en sentido contrario una vez que los nuevos países tomen posesión de sus cargos en enero o cuando los miembros indecisos puedan ser persuadidos de lo contrario. Es importante que abordemos las preocupaciones que puedan tener, como el miedo a las repercusiones económicas y las posibles reclamaciones de doble rasero.
Al mismo tiempo, es importante buscar lugares alternativos para debatir la difícil situación de los uigures, como pidió la relatora especial sobre la tortura, Alice Edwards. El marco de derechos humanos existente en Ginebra permite investigaciones por parte de los titulares de mandatos especiales de la ONU, revisiones por parte de los órganos de tratados de la ONU e intervenciones de la sociedad civil. Asimismo, un grupo de 50 países condenó la persecución de los uigures por parte de China en la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Fuera del marco de la ONU, organizaciones como el Congreso Mundial Uigur deben ser apoyadas y potenciadas.
En conclusión, lo lejos que Beijing está dispuesta a llegar para frustrar el proceso es un indicio de que las críticas no le son ajenas. Al mismo tiempo, subraya la importancia de redoblar los esfuerzos para debatir la situación uigur al más alto nivel. Puede que la votación del 6 de octubre de 2022 no haya desembocado en un debate formal, pero el impulso que generó el informe de la OACDH puede aprovecharse en foros dentro y fuera de las Naciones Unidas.